Preocupa la decenas de solicitudes de suspensión de contratos en Chiriquí

El presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Jorge Tovar, detalló en Noticias AM, que a la fecha, se han presentado más de 600 solicitudes que se dividen en suspensión de contratos y reducción de la jornada laboral ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Según informó, esto forma parte de las afectaciones que se están dando en la provincia producto de los cierres de calles que impiden y afectan que la cadena de suministros para los diversos sectores de producción.

"Es algo que se traduce como una consecuencia del estrangulamiento al que las empresas se ven sometidas por no poder realizar sus actividades regulares, al no haber suficiente combustible para que el transporte le pueda brindar el servicio a estos colaboradores de las empresas para trasladarse", afirmó Tovar.

Tovar se refirió a las decenas de personas que están en la incertidumbre por no tener una solución definitiva sobre la apertura de las calles y dijo que están en 'riesgo social'.

El presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, estima que por cada contrato que se suspenda, hay un promedio de 3 personas más que se ven afectadas. Es decir, que la suspensión de los contratos estaría impactando a más 1,000 personas que dependen de ese sustento laboral.

Indicó que, si bien, con la entrada de combustible de Costa Rica se ha ido moviendo un poco la economía, aún el tema es complicado porque los cierres en el oriente y Tierras Altas persisten.

Respecto al mensaje realizado en el día de ayer por el presidente Laurentino Cortizo, sobre acatarse al fallo de la corte y consultar al procurador de la administración sobre la viabilidad de la ley para derogar la Ley 406, Tovar señaló que, les hubiese gustado escuchar una 'voluntad mucho más expresa y más enfática sobre la empatía con el clamor de la población'.

"Lo que ha dicho no es nada nuevo", enfatizó el empresario.

Por último agregó que, se debe respetar el derecho al libre tránsito el cual está por encima del derecho a la protesta de ese 'precepto'.

Debió el Estado desde el día uno garantizarle a toda la población sus derechos", puntualizó.