Los grupos que rechazan el polémico contrato que firmó el gobierno con la empresa Minera Panamá, acordaron hoy realizar una serie de piqueteos a nivel nacional, luego de reuniones al más alto nivel de la sociedad civil, acciones que incluyen también marchas y una protesta frente a la embajada de Canadá.
11 septiembre 2023 |
En la reunión donde participaron dirigentes de trabajadores, se acordó para este lunes 11 de septiembre en horas de la mañana, mediodía y también en la tarde, acciones de piqueteos, anunció el dirigente del Suntracs Saúl Méndez.
En un documento hecho público, las organizaciones acordaron que el miércoles 13 todas en horas del mediodía, las organizaciones participarán de un piqueteo y concentración que se efectuará en el parque catedral, el área pública más cercana a la Presidencia de la República.
Según la hoja de ruta, el viernes 15 en horas del mediodía, el piqueteo y concentración será en la Embajada de Canadá, actividad en la que participarán todas las organizaciones, mientras que a las 5 de la tarde se efectuará una actividad cultural de rechazo al contrato ley en la plaza 5 de mayo.
La agenda establece que las diversas organizaciones le darán seguimiento al tema y se activarán con piqueteos y una concentración en la Asamblea Nacional, una vez inicie el primer debate y se tome la decisión de aprobar o no el contrato minero.
Los grupos sindicales y demás organizaciones de la sociedad civil acordaron en su reunión efectuar una Marcha Nacional el día que inicie el segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional para discutir el segundo debate del contrato.
La hoja de ruta establece que si el documento minero se pretende aprobar en segundo debate, las organizaciones se reunirán nuevamente para discutir la realización de una gran huelga nacional
También las organizaciones decidieron establecer un frente legal contra el contrato ley para definir las acciones y recursos jurídicos que se presentarán contra el contrato ley.
El nuevo documento fue firmado por el Ejecutivo, luego que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. considerando que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.
El contrato, según el fallo judicial, no representaba los mejores intereses para el Estado, era además, ajeno al bienestar social y al interés público, decisión que tomó la CSJ el 21 de diciembre de 2017, diez años después de haberse aprobado el documento.
En ese fallo la máxima corporación de justicia pidió a los diputados que antes de aprobarse un contrato ley, la Asamblea Nacional debe cerciorarse de que se cumpla con las formalidades establecidas porque, de lo contrario, se entraría en contradicción con las leyes nacionales.
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