Organizaciones de DDHH cuestionan nueva ofensiva militarizada de Bukele contra pandillas

"Lo que prácticamente vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades, sin darles la posibilidad de escapar", aseguró el presidente de Salvador el miércoles en un discurso.
El gobernante habló ante unos 14.000 soldados que fueron concentrados en un terreno cerca de un cuartel militar en las afueras de la ciudad de San Juan Opico, 35 km al oeste de San Salvador.

Bukele dijo que no revelaría "por motivos de seguridad" los nombres de las ciudades que "en los próximos días" serán cercadas por policías y soldados, para hacer una búsqueda meticulosa de pandilleros y detenerlos.

A finales de marzo la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el estado de excepción, en un momento donde se llegaron a deplorar hasta 62 asesinatos en un día. Según fuentes oficiales, en ocho meses se ha capturado a más de 58 mil personas, entre pandilleros o gente relacionada con bandas criminales.

El Gobierno indica que las medidas para erradicar la violencia están dando frutos, ya que por ejemplo, el miércoles 23 de noviembre hubo 0 homicidios. El plan de seguridad aplicado tendría una aceptación del 95% de los salvadoreños según el propio presidente, un argumento utilizado por él para lanzar la fase 5 del llamado Plan Control Territorial, que consiste en cercar grandes ciudades" con 14 mil militares.

Las políticas de seguridad del presidente Bukele acumulan críticas desde ONG. Es el caso Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. “No sorprende porque el presidente Bukele ha mostrado justamente una respuesta militarizada, una respuesta violatoria de los derechos humanos para un problema histórico en el país: este entorno de violencia, de criminalidad, de crimen organizado”, sostiene. “Ha mostrado en todo su mandato respuestas insuficientes, incompletas, que buscan crear una falsa dicotomía y un falso dilema entre los derechos humanos y la seguridad pública, cuando en su lugar debería estar conversando con las organizaciones de la sociedad civil que tienen muchos años de experiencia en el tema de seguridad ciudadana con ideas robustas e innovadoras que están dispuestas a construir, de la mano de las autoridades estatales, un nuevo futuro para el país”, opina.

Lo que algunas organizaciones lamentan es que no hay una atención integral del gravísimo problema de la seguridad ciudadana. “La está atendiendo con una respuesta puramente militarizada que ha venido repleta de denuncias de arbitrariedades, violaciones al debido proceso y, claramente, las víctimas de la violencia, de las pandillas y el crimen organizado merecen justicia de forma urgente”, estima Astrid Valencia.

A mediados de noviembre centenares de salvadoreños volvieron protestar para exigir la liberación de sus familiares detenidos, dicen ellos, injustificadamente, durante el régimen de excepción.

Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros encarcelados. La mayoría de los detenidos son miembros de las pandillas MS-13 y el su rival el Barrio 18 en sus facciones sureños y revolucionarios.